Bienvenidos al blog de Riesgo País, inauguramos este espacio con una columna de opinión de Alejandro Lingenti. Próximamente habrá mas novedades.


JUGAR PARA LA TRIBUNA

Argentina sigue revelándose como un país curioso. Es lo primero que pensé cuando esta semana vi por TV al diputado del PJ Oraldo Britos súbitamente transformado en férreo defensor de los derechos humanos, igual que muchos otros de sus colegas que mantuvieron un inconmovible silencio sobre el tema durante muchos años, ofreciendo un encendido discurso en el Congreso, como corolario de la anulación de las leyes de impunidad que se votó en la Cámara Baja.

En medio de la algarabía general -a la que se sumó todo el progresismo vernáculo- hubo dos voces disonantes, escuchadas con diferente atención: la del vicepresidente Daniel Scioli, que extrañamente tuvo una semana algo díscola y muy mediática, y la de Luis Zamora, sobre la cual se tendió un claro manto de silencio.

Ni Página/12, muy ocupado en reafirmar el tono celebratorio con el que eligió dar a conocer la noticia, ni Clarín (por mencionar a dos de los diarios que mayoritariamente leen los bienpensantes nacionales) le dieron un espacio, ni siquiera moderado, a la postura del diputado de Autodeterminación y Libertad, que se abstuvo en la votación del martes luego de aducir que la anulación no incluye a los indultos y que tampoco cambia en nada la situación de las causas que están en los tribunales.

Zamora agregó que "la anulación tuvo como objetivo político evitar el camino de las extradiciones", algo que suena, como mínimo, atendible. Hay un dato que apoya su sospecha: más allá del carácter simbólico de esta medida, lo cierto es que cada juez podrá resolver lo que desee sobre los casos de militares procesados por violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, y como bien señaló Daniel Gutman en su columna de Clarín del miércoles último, "el camino elegido por el Gobierno -una ley que anule las leyes del perdón para que desaparezcan como si nunca hubieran existido- es poco ortodoxo. De acuerdo a la división de poderes establecida por la Constitución, es la Justicia quien controla la validez de las leyes y eventualmente puede dejarlas sin efecto. Hasta ahora, siempre que el Congreso quiso revisar una decisión propia, lo hizo derogando esa ley pero sólo con efecto hacia el futuro".

La decisión del Congreso, calificada por especialistas en Derecho de distintas extracciones ideológicas como una aberración jurídica, de ninguna manera obliga a los jueces a considerar anuladas las leyes de impunidad, lo que induce a pensar que la celebración a la que sumaron muchos es un poco apresurada.

En realidad, lo que Zamora subrayó, utilizando simplemente el sentido común, es que es mucho más probable que los represores sean juzgados en el exterior (cosa absolutamente razonable teniendo en cuenta que se los acusa de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y de alcance universal) que aquí en el país.

El escenario podría cambiar con la llegada de Eugenio Zaffaroni a la Corte Suprema, es cierto, pero eso aún no es un hecho y es legítimo inferir que se trató de detener un proceso seguro y expeditivo (el del juzgamiento en el exterior) para reemplazarlo por otro que sumará una nueva dilación, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad de caracol de la Justicia argentina.

Zamora puede tener razón o no, pero aquí no hubo mucho espacio para el disenso y sobró "gente jugando para la tribuna", como se suele decir en la jerga futbolera. Resulta extraño que muchos de los perjudicados por la violencia de un régimen de facto (esto es, que desconoció por completo los mandatos constitucionales), celebren un nuevo manoseo a la institucionalidad. Tan extraño como la conformación involuntaria de un frente pro-juzgamiento de los represores militares en la Argentina que unió a Página/12 con Oraldo Britos y a los organismos de defensa de los derechos humanos con Antonio Laje. Argentina, qué duda cabe, es un país curioso.

Alejandro Lingenti